Miguel Bein es el economista más escuchado por Daniel Scioli. De origen radical, durante el mandato de la Alianza trabajó con José Luis Machinea y fue Secretario de Programación Económica y Viceministro al mismo tiempo, puestos desde los que impuso el recorte fiscal a las provincias, defendió las leyes de ajuste y recibió a los enviados del FMI. ¿Por qué el proyecto nacional y popular necesita de un tipo como Bein?
Por Javier Campos
Era el 24 de noviembre del año 1999 y en el Hotel Intercontinental, Fernando de la Rúa presentaba a los integrantes de su gabinete. El equipo económico de aquellos años estaba encabezado por José Luis Machinea y contaba con nombres como Mario Vicens, hasta hace algunos años presidente de la Asociación de Bancos de Argentina, y Daniel Marx, uno de los actuales consejeros de Mauricio Macri y el PRO. En aquel entonces solo un mes había pasado desde la victoria del gobierno aliancista y todavía faltaban un par de semanas para la asunción oficial o, si se quiere, el principio del fin. Desde aquella presentación y hasta febrero del fatídico 2001, hubo otro personaje que también pisó firme en el ranking de apariciones, opiniones y ocupaciones económicas importantes del último gobierno no peronista: el consultor económico y financiero Miguel Bein.
Hoy, con sesenta y cinco años, Bein es el gurú mercantil al que siguen Daniel Scioli y el resto de su equipo. En estos últimos meses se lo pudo ver y oír muy explicativo, en un raid mediático más contundente que espectacular, dando cuenta de la Agenda Económica Naranja. La misma tiene dos ejes generales: primero, el desarrollo productivo, expresado en “las tres I” que repite constantemente el gobernador: inversión, innovación e igualdad; en segundo lugar, la aplicación de estrategias focalizadas para solucionar algunos problemas como el control de cambio —mejor conocido como cepo—, el litigio con los holdouts, la inflación o la “insostenible cantidad de subsidios”. Todo eso forma parte de la propuesta sciolista. ¿Por qué Miguel Bein es el elegido para llevarla a cabo?
Aunque en los inicios del gobierno de De la Rúa, el equipo económico imaginó a Bein como Secretario de Industria, finalmente comenzó su camino como Secretario de Programación Macroeconómica y Regional, siempre detrás de aquel con quien había fundado una consultora en los años noventa: el ministro de Economía José Luis Machinea.
El flamante secretario asumió su cargo con la teoría de que los conflictos eran el corolario de una ineficiencia en la asignación del gasto y en la administración de las políticas públicas. Si ese era el principal problema, Bein creía tener la solución, y lo decía con tono paternal: “Generar una gestión eficaz podría hacer llegar más profundamente a donde más se necesitan las políticas de asistencia social”. Parece que algunas ideas nunca pasan de moda: redireccionar los subsidios, por no decir un “recortar” que no queda bien en tiempos electorales, es una cuestión central que declara a viva voz todo el equipo de Scioli.
Apenas comenzaron a manejar la economía argentina, Machinea y su troupe tuvieron que pedir una manito. Que lo aguanten un poco, digamos. Miguel Bein tomó la responsabilidad de recibir a los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar un waiver, un permiso especial que frenara cualquier acción preacordada en años de Menem —el último día de mandato el ex presidente había firmado más de cien decretos—, porque había surgido un desvío en las metas fiscales a cumplir. Dicho en otras palabras: en tan pocos días no habían tenido tiempo de ajustar. “El mayor déficit que se va a verificar este año no tiene nada que ver con la gestión nueva, que empezó hace una semana”, se defendía Bein junto a un Daniel Marx que lo secundaba.
La pareja de EE.UU. que llegó para pedir ajustes e imponer condiciones estaba compuesta por Teresa Ter-Minassian y Tomás Raichman. Entre las muchas exigencias, una era fundamental para que avance la negociación: poner en orden las economías provinciales, que tendían a una preocupante profundización de sus pasivos. Miguel Bein tenía algo preparado para tranquilizarlos: un acuerdo con cada distrito para tratar caso por caso el endeudamiento. “El duro trabajo fiscal que hará el país en el 2000 será, sin ninguna duda, acompañado por una disminución de las tasas de interés y una vuelta al acceso al mercado del sector privado”, avisaba el economista al público general. Para cumplir con todas esas promesas, se presentó para ese año un presupuesto donde el gasto no solo se congelaba; se reducía.
El nuevo milenio entró en escena con un halo apocalíptico, místico y misterioso que presagiaba cosas como el fin del mundo o la venida de algún ñato endiosado. En Argentina, empezaba a ponerse en marcha en serio el plan de austeridad con el que la Alianza supuestamente se ganaría los dólares de los organismos internacionales, pagaría las deudas y reactivaría el aparato productivo. La tarea de Miguel Bein pasaba a primer plano y usar la tijera era ya una cuestión de rutina.
En contexto, es importante recordar que el FMI imponía condiciones al gobierno y, una vez cumplidas algunas de ellas, liberaba partidas de dinero que sólo podían tocarse en caso de una crisis internacional, porque estaban destinadas a “proteger al país”. Con ese respaldo se podían pedir nuevos préstamos que luego se usaban para pagar nuevos compromisos y permitían mostrar a la nación como “confiable”, con otro tipo de deuda, pero seria al fin. Una zanahoria por siempre inalcanzable.
La Alianza comenzó a aplicar las propuestas de los organismos internacionales de crédito sin chistar: reforma previsional, racionalización de la administración pública, reducción del gasto público, reestructuración de la seguridad social (ANSES) y de la obra social de los jubilados (PAMI), firma por parte de todas las provincias de un Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal (Ley Nº 25.400), entre otras. Para la entrada en escena de Cavallo aún faltaba, pero seguro que el futuro ministro ya se relamía.
Con los calores de enero, los gobernadores salían de sus provincias en comitivas compuestas por sus respectivos ministros de Economía y otros funcionarios de primer nivel para llegar hasta el Palacio de Hacienda, más precisamente al noveno piso, donde estaba la oficina del secretario de Programación Económica y Regional. El despacho 921 era el escenario central donde se desarrollaba la puja entre un Bein persuasivo y unos gobernantes ariscos al ajuste.
Bein ofrecía ayuda financiera y, a cambio, pedía reducción en el gasto público. Río Negro, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Catamarca y Formosa fueron los primeros distritos en pactar lo que se conoció como Acuerdo Federal, otro nombre con el que se conoció a la Ley nº 25.400. Aunque al inicio Miguel Bein consideraba esta exigencia imposible de aceptar, argumentando que “desde el punto de vista institucional, en un régimen federal, las provincias tienen autonomía para decidir su presupuesto y sus cuentas, y tomar financiamiento”, luego termino por acatarla: “Hay un grupo de provincias que tienen dificultades y que se han endeudado mucho en los últimos años y hoy tienen una carga financiera que no pueden atender. Ahora van a tener que ajustar”, decía sin temor a las críticas.
En el Ministerio de Economía se hizo una poda del 25% en los gastos en personal contratado, mientras que en el Ministerio de Trabajo ese recorte alcanzó el 40%. Todos recuerdan las nefastas acciones de Patricia Bullrich y Domingo Cavallo cercenando sueldos y jubilaciones, pero este capítulo parece haber quedado extraviado en la historia. Bein planteaba: “Podría haber tanto una reducción de los salarios fijados en los contratos como una no renovación de los mismos. Va a haber bajas en la cantidad de gente en el primer trimestre. También estamos haciendo una autocrítica respecto de cómo se comunican algunas cuestiones de la reforma fiscal. Especialmente, no se transmitió correctamente el esfuerzo de reducción de gastos que habrá este año”. Había que avisar, pero hacerlo bien: el que avisa no traiciona.
Bein manejaba también el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional y ponía la cara para explicar que al recorte de sueldos públicos se iba a sumar «la reducción importante de gastos en el presupuesto, donde la reducción del gasto primario será del 3% por ciento, en un país que viene aumentando el gasto en un 80% en la década pasada».
En definitiva, de las principales exigencias del FMI, el equipo económico que integraba Bein acató la mayoría, aunque en forma gradual para evitar un estallido social. Con las tareas cumplidas, a fines de enero de 2000, la plata finalmente llegó: 7.400 millones de confianzas. Carlos “Chacho” Álvarez encabezó el acto en el que se dio a conocer la noticia, secundado por Mario Vicens y, por supuesto, Miguel Bein. «Ya llegamos a la playa», dijo entonces a un diario liberal, comparando la gesta con el famoso desembarco en Normandía en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
Los primeros racionamientos conformaban la base del sándwich, y la millonaria suma que entregaba el FMI suponía el relleno. Solo restaba colocarle la tapa y servírselo a todos los argentinos. El deber se hizo entonces acción. En lo que respecta a Miguel Bein, su obligación de lograr el cumplimiento de las provincias lo encontró en dedicación plena, sobre todo para sumar al acuerdo a los distritos más grandes. Las provincias tendrían que reducir su gasto conjunto en 1.500 millones de pesos y lograr que su déficit baje a 2.200 millones. Solo así el gobierno nacional iba a entregar el dinero para que en el interior paguen sus deudas.
Pero el economista no se limitaba a esas funciones. También estuvo ligado a aquella herramienta tan polémica que muchos recordarán y que lleva el nombre de su creador principal: la Tablita de Machinea. Ese mecanismo de impuesto al salario formaba parte de una serie de medidas, como los incrementos en gravámenes internos y bienes personales y la eliminación de excepciones en el IVA. Así lo expuso el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, en una de sus presentaciones sobre el impuesto a las ganancias vigente hoy, en la que, Power Point mediante, mostró un artículo del diario Página/12 y una aclaración que ponía a Bein junto a Machinea, como responsables de afectar salarios.
A principios de junio de 2000, el organismo crediticio internacional por excelencia llegaba otra vez a la Argentina. Un par de días antes, De la Rúa y la cúpula de la Alianza habían establecido un nuevo recorte del 12% a todos los estatales que ganaban más de 1.000 pesos y del 15% a quienes ganaran más de 6.500. Además, desregularon las obras sociales mediante decreto y redujeron las futuras jubilaciones. Bein recibía al FMI para contarle de la firma de convenios con algunas provincias, del Acuerdo Federal inminente y del cumplimiento de lo establecido en materia fiscal.
A pesar del enorme ajuste, las metas no habían sido del todo alcanzadas. Pero el sometimiento del gobierno al FMI era tal, que el organismo toleraba algunos desvíos y entregaba mínimas señales de reconocimiento. Y Bein, orgulloso, las contaba: «El FMI acepta ese desvío y mucho más. Nuestra relación con ellos pasa por el mejor momento. Tengamos en cuenta que el déficit actual es la mitad del que teníamos el año pasado. Y la economía está creciendo un 3%. El FMI no es ningún obstáculo; el obstáculo es la falta de optimismo. Este desvío se podría haber resuelto con varias alternativas”.
La recta final del 2000 ya estaba a la vista, y había negociaciones y conflictos que ocupaban la agenda más allá de las exigencias internacionales. Temas como Aerolíneas Argentinas —donde Bein fue el negociador responsable para acordar problemas de deuda—, las estadísticas sobre empleo, producción industrial y consumo, los lanzamientos de planes de infraestructura y obra pública, y otros varios asuntos pesados tuvieron el aporte de Bein, quien parecía afianzarse como una cabeza principal del ministro Machinea.
Los indicadores económicos subían y bajaban cada mes, mostrando fluctuaciones que exigían la búsqueda de nuevos mecanismos que proporcionaran seguridad y seriedad. Otra fase de recortes ya empezaba a asomarse, pero ¿dónde y cómo seguir talando gastos sin provocar mayores conflictos sociales, como los tres paros generales que ya habían ocurrido durante ese año? La opción fue entonces fusionar algunos organismos estatales. La estrategia, según el viceministro Bein, no era “eliminar las funciones de esos organismos, sino los directorios; 44 entes, con directorios que gastan un total de 50 millones de pesos al año entre sueldos, viáticos, pasajes, etc., le está(n) costando muy caro al Estado”. Todo quedaba corto: el secretario miraba con ganas a Canal 7, el PAMI y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA). Alguna vez contó, sin espanto, que Machinea planificó en ese tiempo privatizar también la Lotería Nacional.
El lobby de los diferentes organismos internacionales de crédito era fuerte y logró que muchas de las medidas anunciadas fuesen finalmente reglamentadas poco tiempo después. En lo concreto, había que apurar las negociaciones con los gobernadores del Partido Justicialista (PJ) que lideraban las provincias y cerrar de una vez por todas el Pacto Fiscal, una operación en la que Bein participó y, aunque no tuvo gran protagonismo, cumplió su rol de conseguir los primeros compromisos que luego ultimarían José Luís Machinea y Chrystian Colombo. El acuerdo tuvo final feliz, tanto para la Alianza que había logrado satisfacer una de las principales demandas del FMI, como para los peronistas —excepto Néstor Kirchner, quien no firmó— ya que no se entregaban a ciegas: una cláusula habilitaba a las provincias a no respetar el congelamiento de gastos en situaciones de emergencia. Algo era mejor que nada y sobre todo en aquel año electoral.
Gracias a este pacto y a la aprobación del presupuesto 2001, apareció en Argentina una nueva partida de dinero enviada ahora no solo por el FMI, sino también por España, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), algunos bancos locales y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). Así se constituyó el llamado “blindaje”, con una inyección de casi 40.000 millones de dólares en las reservas y la posibilidad de utilizar ese dinero para pagar los próximos vencimientos de la deuda externa, a fin de poder volver a los mercados, atraer inversiones y conseguir tasas de interés más bajas. Aunque parezca increíble, el FMI había aceptado mayores gastos en el presupuesto porque el país blindado por EE.UU daba la confianza necesaria; era como tener un boleto de oro. Sin embargo, la Argentina no perfilaba un escenario más sereno ni reducía su fragilidad financiera; por el contrario, se encaminaba hacia un final triste y dependiente. Junto al Megacanje, el blindaje resultó “la estafa financiera más grande de la historia argentina”, opinó Cristina Fernández de Kirchner muchos años más tarde.
Mientras tanto, los datos económicos no mejoraban —la desocupación, por ejemplo, se sentía cada vez más— y la apuesta que había hecho todo el equipo de Machinea se quedaba sin aire. Más allá de los papeles, el plan pedía seguir recortando y ajustando gastos, bajando salarios y subiendo tarifas. Esta última medida, que iba a afectar trenes, subtes y colectivos, fue una de las que trajo más roces al interior del Ejecutivo, sobre todo por la forma de comunicar la información. Los aumentos, según el presidente, “eran menos de lo que querían los privados en contratos previamente fijados, pero se presentan como que el gobierno aumenta y no es así”. De la Rúa estaba enojado con muchos funcionarios, principalmente con Kogan, el secretario de Transporte, quien había negado que el incremento de tarifas fuese a afectar a los más necesitados con su famosa frase: “Los pobres no viajan”.
Pero la bronca llegaba también a Miguel Bein, con quien el jefe de Estado no parecía tener buena química por sus comunicados políticamente erróneos. Bein, firme, opinaba sobre los servicios de colectivos retocados: “Si no autorizábamos el aumento de diez centavos para las primeras tres secciones, seguramente íbamos a ver una disminución abrupta del servicio, porque muchas empresas no iban a poder seguir operando”. De los subtes, el economista decía: “Lo que la gente tiene que saber es que los diez centavos que aumenta el cospel van íntegramente a obras”. Y para los trenes, explicaba: “Obtuvimos mejoras sumamente importantes. No es un consuelo para la gente, pero siempre estuvo planteado un aumento importante en la tarifa desde valores muy bajos para asumir un plan de obras de 4.500 millones”.
Un año y un poquito más había pasado desde que Miguel Bein se había sumado a la Alianza y el 2001 hacía su entrada. Eran tiempos en los que Mauricio Macri sondeaba con encuestas la posibilidad de postularse como jefe de Gobierno porteño y Jorge Bergoglio era nombrado cardenal por el papa Juan Pablo II. Y también entraban en vigencia más medidas gubernamentales, como la Ley de Emergencia Económica, la Ley Antievasión y el nuevo presupuesto. Se efectivizaba además la desregulación de las obras sociales, la reforma previsional, el régimen para el negocio de las telecomunicaciones, y los aumentos en peajes, servicios de agua y telefonía celular. El salario real había caído un 12% para los empleados en negro y un 6% para los registrados, la cifra de desocupados rondaba al 15%, la pobreza golpeaba a un triste 30% de la población y la indigencia al 14%, según datos analizados por la Consultora Equis, en base a los números del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
José Luis Machinea, después de tres meses de malas noticias y con ninguno de sus objetivos en vías de cumplirse, dejó el cargo de ministro de Economía. Algunos días más tarde, Miguel Bein también presentó su renuncia.
En nada se parece aquel país a este que hoy nos toca vivir. Las condiciones económicas de la actualidad presentan —como siempre en la historia— problemas y contradicciones a solucionar o matizar, pero no es necesario un plan de austeridad como en el 2001. Mejor decirlo que darlo por sentado, por muy obvio que parezca.
Miguel Bein, desde el lugar que le toque, no llegará para ajustar de la misma forma ni con el mismo fin. Sí es cierto que, si Scioli preside, arribará para acomodar las cuentas en algunos puntos clave, y la experiencia deja claro su firme pragmatismo a la hora de tomar acciones que formen parte de una estrategia o plan a largo plazo. En lo concreto: si en pos de un beneficio futuro para las condiciones macroeconómicas hay que retocar comodidades o facilidades que hoy ostente la población, Bein lo hará sin miramientos.
Según Scioli, el presente argentino requiere de un territorio disponible para generar desarrollo; más y mejor capitalismo. Para eso se necesita una economía ordenada y direccionada. La obra que realizaría Bein, entonces, parece perfilarse como un ajuste paulatino, en un proceso que debe ser compensado con más trabajo y una inflación estable. Apuntalar el consumo interno es un ítem importante, pero lo fundamental es atraer inversiones extranjeras para que el crecimiento se apoye en la inversión y no solo en el consumo.
La idea se presenta como una panacea, pero como dijo Bein alguna vez: “En economía no hay magia”. Es cierto. No obstante, las estafas del gobierno de la Alianza y sus consecuencias todavía siguen siendo un truco difícil de olvidar.